Cada acto en que interviene un ser humano, tiene responsables, para bien o para mal. Pero en nuestra Argentina, parece ser que esa palabra tiene como único objeto, sobretodo en la administración pública, cobrar más y mejores salarios, pero jamás ser verdaderamente el responsable de las acciones que emprendieron. Hasta el más modesto de los empleados tiene implícita la responsabilidad, más cuando los cargos son de conducción y más cuando son políticos. A mayor cargo, más sueldo y por ende más responsabilidad. Pero el concepto no solamente debe proclamarse en los éxitos sino también en los fracasos.
En gobiernos anteriores, esta falta de responsabilidad también estaba presente, pero el actual sigue ese derrotero y aumentado. La tragedia anunciada del terrible hecho que costó cincuenta vidas y más de setecientos heridos, no fue un accidente, sino la consecuencia lógica de una errada política en materia de trasporte y en particular del transporte ferroviario del área metropolitana. La generalidad de los funcionarios políticos creen, que con la concreción de las obras públicas su responsabilidad ha terminado, cuando en realidad recién comienza: hay que ponerla en funcionamiento, con personal idóneo y mantenerla y operarla eficientemente para que cumpa su finalidad en toda su vida útil. Y muchos creen que los gastos de mantenimiento preventivo y predictivo son gastos superfluos y que solamente debe intervenirse en la rotura, ya que las tarifas no alcanzan a cubrir ese costo. Pero el responsable de fijar las tarifas en los servicios públicos es el gobierno de turno y si por motivos sociales u otros no adoptan los valores reales, tiene la obligación de subsidiar a los prestadores para que realicen las tareas de mantenimiento y operación adecuadamente y si dan esos recursos controlar que los mismos sean destinados para ese fin.
La causa del desastre ferroviario ocurrido en Once es consecuencia directa de la falta de mantenimiento de la infraestructura y de la maquinaria existente y el responsable directo de ello es la empresa TBA, amiga del poder K y la Secretaría de Transporte de la Nación, el Ministerio de Planificación del cual depende y la Presidencia de la República, que tenían y tienen la ineludible obligación de dictar las políticas en materia de transporte, controlar un servicio monopólico, y tomar todas las acciones correctivas necesarias para prestar un buen servicio público. Que es justamente lo que no se hizo. Por lo tanto hay responsables, directos e indirectos, los principales: el grupo Cirigliano por Trenes de Buenos Aires (TBA), y Schiavi, De Vido y CFK. Unos serán operativos y otros políticos, pero responsables en fin. La justicia tiene la obligación de dilucidar el grado de responsabilidad civil y penal y el poder legislativo el deber de determinar la responsabilidad política. El gobierno K, como es su costumbre, dirá que no tiene responsabilidad en la tragedia, que el culpable es el Grupo Clarín o algún otro enemigo.
Pese al gran dolor de los familiares de las víctimas y la consternación de la sociedad argentina, merece destacarse como un hecho positivo la actuación de la Policía Federal, Bomberos, Policía Metropolitana, SAME, hospitales y otras instituciones, que olvidando desencuentros y peleas de sus superiores, trabajaron coordinadamente y eficientemente para el éxito del operativo montado post tragedia, en medio del dolor generalizado.
Cuando sucedió la tragedia de Cromañón, la legislatura porteña, hizo el juicio político al ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra y lo destituyó. ¿Qué hará la legislatura nacional? Los partidos políticos que aprobaron la mencionada destitución, ¿seguirán con esa convicción?
Mientras el país seguirá, en pocos días, debatiendo temas, en donde la incoherencia y la falta de sentido común, son el factor común de los mismos. Parece que la protesta social se criminaliza, a pesar que era un paradigma de Néstor no hacerlo. El gobierno pone a la soberanía de las Islas Malvinas como un tema a resolver en el corto plazo, cuando la solución es a largo plazo. El niño ex mimado por la reina, Boudou, con su sobrepeso puesto de manifiesto infraganti en una fotografía, permanece incólume ante la formal acusación de estar vinculado a los negocios de Ciccone Calcográfica con el gobierno. El aumento de salarios a los legisladores nacionales, que la más suave de las críticas es decir que fue inoportuno. EL cambio de posición del gobierno K en cuestiones ambientales, de anti papelera a favor de la minería a cielo abierto. El poder K minimiza los resultados nefastos de la sequía, ante la queja de los principales afectados: los pequeños productores. Los elogios a Recalde por parte de la Presidente, luego de haber defenestrado la gestión del mismo al frente de Aerolíneas. La aguda falta de naftas en el norte del país, sin un principio de solución. El silencio exasperante de casi toda la comunidad política opositora.
Estos son algunos de los temas que preocupan a los ciudadanos, principalmente por que, los responsables de dirimir los mismos actúan como irresponsables. Ojala los políticos, dirigentes y ciudadanos a quienes les competen esos hechos, asuman su responsabilidad.
