¿Los jubilados mendocinos, privilegiados?

Vuelvo al ruedo, luego de un prolongado paréntesis, con un tema, que tal vez sea una obsesión y que será tratado hasta que se obtenga la solución que la Constitución establece.  

De acuerdo a lo informado por El Comercial On Line del 16/10/07 (publica un resumen de las principales noticias aparecidas en los diarios del 12/10/07), el presidente Kirchner acaba de conceder al Gobierno de Mendoza $ 20.000.000, a los efectos que se otorgue una asignación mensual y personal hasta diciembre de 2008, como compensación del 82 % móvil, a todos los jubilados y pensionados mendocinos que fueron transferidos a la Nación. Se supone es una medida provisoria hasta que se cumpla con la movilidad para todo el universo de jubilados.            

Una vez más el Presidente de la República hace uso del poder discrecionalmente, y comete una evidente injusticia con el resto de los jubilados transferidos de varias provincias e inclusive con los jubilados propios de la Nación y sigue haciendo caso omiso a lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia, cuando en agosto del 2006 expresaba que los Poderes Ejecutivo y Legislativo, en un plazo razonable, deberán resolver sobre el tema movilidad de las jubilaciones, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.            

Por otra parte, en una solicitada publicada en la edición del 17/10/07 del diario El Tribuno de Jujuy, los empleados locales de la AFIP – DGI, rechazan “la creación en forma inconsulta y compulsiva de la Caja Complementaria” y expresan un rotundo sí al 82 % móvil. 

Para muestra bastan estos dos botones. Se concluye que el gobierno nacional trata de dividir a los jubilados, otorgando a algunos de ellos, un suplemento que compense la no aplicación de la movilidad y de paso deja sentado, que a los amigos, o mejor dicho, a sus obsecuentes, si se portan bien, los puede premiar a su manera. 

Cumpla el Gobierno con los deberes de funcionario público, pues no conceder la movilidad, sabiendo que existen una gran cantidad de juicios sobre el tema, que tarde o temprano darán completa razón a los presentantes, significará una mayor erogación del estado para atender los fallos de los mismos. Además, los funcionarios responsables, podrán caer en la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público y se debería hacerles pagar de su peculio, esa mayor erogación e inclusive los daños y perjuicios ocasionados al patrimonio de los jubilados.